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Inflación: ¿quién tiene la culpa?

8 de junio de 2022

Columna de Miguel Palomino, presidente del IPE, publicada en La República

De todos los males económicos que hoy nos aquejan, la inflación es quizás el que más siente y más le preocupa al ciudadano promedio. Además, es el mal que más críticas ocasiona al actual Gobierno. Sin embargo, pese a que reconocemos el tremendo daño que este gobierno ha ocasionado a nuestra economía, es un error atribuirle la responsabilidad principal por la inflación. Entonces ¿a quién le echamos la culpa? No, tampoco es la culpa de “los monopolios y oligopolios”, aunque esto es lo que repite nuestro premier, que no se cansa de decir barbaridades. ¿Al Congreso? No, tampoco, aunque han tomado medidas para “aliviar” la inflación que nos costarán muchísimo y no aliviarán casi nada. ¿A quién entonces?

La verdad, por más que suene poco sugestivo, la responsabilidad principal es del entorno internacional, dentro del cual el Perú tiene efectos mínimos.

La culpa sería, en aproximado orden de importancia: de la pandemia, de los gobiernos y los bancos centrales de los países de altos ingresos (comenzando por el de Estados Unidos), de Vladimir Putin y su guerra en Ucrania, de la OPEC (¡algo de culpa tienen entonces los oligopolios!), de los extremos de la política anti COVID-19 del Gobierno chino, más algunos menores. Pero el gobierno del Perú, como dijimos, no juega un rol importante, por lo menos no desde octubre del año pasado, cuando se empezó a calmar el efecto inflacionario de la subida del tipo de cambio (¿por cuánto tiempo?).

Esta reducida responsabilidad se puede verificar fácilmente al ver el comportamiento de la inflación en el resto del mundo. En casi todos los países ocurre, más o menos, lo mismo, siempre con consecuencias graves para las familias de bajos ingresos. Así, la inflación de EE. UU. y la de los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, se ha comportado casi igual que la del Perú en los últimos meses.

La inflación es, casi por definición, un fenómeno monetario. Cuando hay demasiado dinero persiguiendo a muy pocos bienes, estos se encarecen. La pandemia generó una fuerte reducción en la producción mundial, que los gobiernos y bancos centrales de los países ricos trataron de aliviar dando préstamos y regalando una cantidad enorme de dinero. Esto de por sí iba a causar cierta inflación, pero se confiaba en que esta sería moderada, si es que con prontitud se corregían sus efectos tan pronto terminara la pandemia. Pero la pandemia se prolongó por mucho más tiempo de lo que se pensaba inicialmente y ningún gobierno quería ser aguafiestas. Esto coincidió con que se le ocurrió a la OPEC el restringir aún más la producción de petróleo y después Putin decidió invadir Ucrania. Finalmente, el Gobierno chino optó por una política anti COVID-19 que causó mayor escasez de bienes. Si a una inflación moderada se le agregan estos tres efectos, esta se convierte en muy alta (y las políticas para luchar contra ella se vuelven más inciertas y difíciles). Esto es lo que aumentó mucho el precio mundial de los alimentos, los combustibles y otros bienes.

En el Perú, entonces, las críticas deberían venir por la casi total inoperancia del Gobierno (y del Congreso) en tomar medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias más necesitadas. Antes que cambios en el IGV sobre los alimentos o el ISC sobre los combustibles (cambios que cuestan muchísimo y, como advertían los expertos, casi no han tenido efecto), o que el último retiro autorizado de las AFP (que beneficia solo a los “pobres” que tenían más de 45.000 soles ahorrados en su AFP), se pudo dar transferencias importantes a las ollas comunes y a los comedores populares o aumentar el apoyo a Qali Warma o a algún otro programa social con relativamente baja filtración. Pero eso da para una siguiente columna.

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