Innovación y desarrollo: elemental mi querido Watson

8 de diciembre del 2011
El Comercio
 
La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) ha vuelto a poner en el tapete una de las grandes reformas estructurales pendientes en nuestro país: el desarrollo de las actividades de innovación y desarrollo (I+D), que es esencial para incrementar la productividad y competitividad de la economía peruana y, consecuentemente, el bienestar o la inclusión para estar a tono con los tiempos. El Perú es un país de inmensa diversidad: hay flora, fauna y regiones geográficas únicas como el altiplano o poco frecuentes como la selva tropical en el mundo, sobre las cuales
se realiza muy poca investigación. Esto presenta una inmensa oportunidad: los retornos a la investigación pueden ser gigantescos, ya que se tendría una posición líder en los mercados que se crearían con los resultados de esa I+D.
Aun así, la tremenda precariedad institucional, la inestabilidad y el cortoplacismo resultante han mantenido postergada a la I+D en el Perú. Es más, claramente hemos involucionado en esta área de las políticas públicas.

EL ESTADO SIN DUDAPUEDE AYUDAR
La I+D presenta al menos dos fallas de mercado que requieren que el Estado intervenga. De un lado, no se puede excluir del uso de una innovación a quienes no la financiaron, especialmente si estamos en la quinta economía más informal del mundo. Es decir, la I+D es un bien semipúblico, un bien común o un bien público rival para ser precisos. Para una empresa, tiene poco sentido invertir en I+D  si no puede impedir que sus competidores se beneficien de su innovación. Obviamente, las patentes, tan utilizadas en otros medios, casi carecen de sentido en
nuestro reino de la piratería. Por otro lado, la I+D genera lo que los economistas llamamos una externalidad
positiva, como también ocurre con la educación. Los beneficios derivados de ambas actividades son mayores que los que son percibidos por quienes las realizan, y esto lleva a que se invierta menos de lo que es ideal para la sociedad.

PERO HASTA AHORA HA HECHO UN MAL TRABAJO
Los fondos públicos concursables como el Programa de Ciencia y Tecnología Fincyt (www.fincyt.gob.pe/web) o el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (www.innovateperu. pe/index.php/fidecom. html) son el instrumento de políticas públicas más usado en nuestro país para promover la I+D. Pero, como puede observarse
en los dos gráficos y está ampliamente documentado por entidades públicas, universidades, centros de investigación,
consultores especializados, organismos multilaterales y otros, nuestro país invierte poquísimo en I+D y esta es una de nuestras mayores debilidades competitivas. A la fecha, el Estado ha hecho un pésimo trabajo corrigiendo las fallas de mercado mencionadas. En parte, porque se presentan errores en el mismo Estado que le quitan, casi absolutamente, impacto a la insuficiente intervención pública. Entidades estales como Concytec o INIA y, mucho
peor aun, la mayoría de universidades públicas que dicen investigar (aunque no se ven sus resultados) dependen usualmente de incentivos políticos. Así, tienden a ser utilizadas por los gobiernos de turno para satisfacer a clientelas
políticas, en desmedro de unos pocos destacados y abnegados científicos de las pocas universidades como San Marcos, la UNI o Cayetano Heredia, por ejemplo, donde se tiene verdadera capacidad de I+D. Aún recordamos a uno, lamentando con lágrimas en los ojos cómo el Estado repartía entre todas las universidades públicas fondos
del Fedadoi (www.minjus. gob.pe/fedadoi) en partes iguales: algunos ‘colegas’, nos dijo, no saben ni llenar un formulario para concursar por fondos de I+D, mientras que la casa de estudios en la que investigaba y enseñaba no tenía cómo financiar proyectos aparentemente muy atractivos.

BIEN UTILIZADOS PARA TENER RESULTADOS
Como la mayoría de problemas de política pública pendientes en nuestro país, su naturaleza es política, no técnica. Seguramente, hay amplio consenso en que evaluar independientemente y potenciar fondos como Fincyt o Fidecom es una tarea pendiente. Un fondo soberano de riqueza de mediano plazo también podría hacer sostenible esta política, reduciendo la dependencia del financiamiento de la I+D del ciclo presupuestal. También dentro del esquema de gestión por resultados, hay que concentrar los subsidios públicos en algunas universidades en función
de su producción científica, independientemente de si son públicas o privadas. La campeona nacional en producción científica, por ejemplo, es la Universidad Cayetano Heredia. Sin embargo, el reto político de quitarle rentas a algunos
de los caciques de la universidad pública peruana y bajar del podio a algunas falsas vacas sagradas del ‘establish-ment’ científico, es mucho menor que el de concretar proyectos mineros, reformar la educación o revertir la captura de la política laboral por sindicatos rentistas. Pero los beneficios sociales pueden ser similares. Esta es un área en la que no sería difícil lograr avances importantes si se tiene la voluntad de hacerlo.

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