ITF permanecería para financiar campaña electoral de legisladores

17 de noviembre de 2005

La tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) podría no reducirse en el 2006 como estaba programado, debido a que sus recursos servirían para atender las demandas presupuéstales del Poder judicial (PJ). Congresistas de la oposición presentarán un proyecto para mantener su tasa. (Semanam@il y Gestión)

No es casualidad que quien promueve este despropósito es nada menos que el congresista Iván Calderón (Alianza Nacional), causante de al menos S/.213 millones de gasto adicional no presupuestado que el MEF deberá desembolsar para cumplir las leyes que este señor ha promovido. Lo que en la práctica pretende este congresista es que los peruanos y los usuarios del sistema financiero solventemos su campaña, y que él pueda seguir generando gasto de manera inconstitucional.

De acuerdo con la prensa, el proyecto otorgaría S/.200 millones adicionales al PJ, S/.35 millones al Ministerio Público, S/.70 millones a Salud, S/.80 millones a Educación y S/.100 millones al Interior. En suma, S/.485 millones adicionales al presupuesto planteado por el MEF, que beneficia principalmente al sector Justicia, el cual sin haber hecho esfuerzos de reforma pide más recursos pero sigue siendo una de las instituciones con menor confianza de la población y quizá la que genera la mayor preocupación entre los inversionistas al momento de tomar decisiones de inversión.

El proyecto propone como ingresos adicionales la reducción de la comisión de Sunat de 2% a 1.75% de lo recaudado (S/.100 millones), que se elimine el programa social Juntos, que se reduzca en 10% el monto asignado a contratos por consultorías (S/.60 millones) y se mantenga la tasa del ITF (impuesto antitécnico, que se aplica en cascada, distorsiona las decisiones de los agentes económicos, afecta a las empresas formales incentivando la informalidad y afecta negativamente la competitividad).

Ni ésta, ni la ya aprobada en la Comisión de Presupuesto, son alternativas coherentes a la propuesta de presupuesto hecha por el Ejecutivo. La redistribución planteada por la Comisión Palomino parte de la falsa premisa que sólo se recorta consultorías innecesarias, cuando la mayoría de ellas son condicionantes para la ejecución de proyectos financiados con préstamos de multilaterales. Es decir, si las consultorías no se hacen, los proyectos no avanzan porque no habría desembolsos. Además la redistribución planteada hacia las regiones no parece tener un sustento técnico.

 

 

 

 

 

Si bien el dictamen en minoría no cumple con las expectativas de los sectores, aunque busca satisfacer parte de las demandas adicionales, lo malo es que lo hace incrementando el presupuesto. Por otro lado, el dictamen en mayoría no incrementa el presupuesto propuesto por el MEF pero plantea una redistribución desacertada y sin sustento técnico.

 

 

 

Comisión de Energía pretende fijar precios de combustibles

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos acerca de los precios de los combustibles en el mercado interno. Según el texto aprobado, los precios internos de los combustibles no podrán ser mayores que los de exportación y se regirán por la oferta y la demanda. Sin embargo, el Osinerg deberá publicar los precios de referencia de importación y/o exportación. (Semanam@il y diarios)

Aunque sus autores digan que no, esto no es otra cosa que control de precios, porque en adelante será una institución pública la que ponga un techo al precio de los combustibles en el mercado interno. Por lo tanto, resulta una incongruencia total que se diga que los precios se fijarán por oferta y demanda, “siempre que no supere el precio de paridad de exportación”.

Lo peor de todo es que de acuerdo con la iniciativa, cuando los mercados de referencia estén en crisis temporales (léase volatilidad), será el regulador el que establezca los criterios con los cuales se fijará el techo. Con esto pasaríamos de una fijación de precios poco transparente (nadie sabe cómo Petroperú fija sus precios) a un esquema nada transparente (pues a lo anterior se le sumará un regulador con un nivel de discrecionalidad altísimo).

Otra de las joyas del proyecto es que señala que la nueva prioridad para las empresas es el abastecimiento al mercado local, con lo cual no sólo se afecta la iniciativa privada, sino que además se reduce la renta potencial y se desincentiva la inversión. También se señala que los mercados de referencia serán Ecuador, Colombia y Venezuela, porque no están afectos a problemas como los de los huracanes, ignorando que es probablemente el riesgo político el que afecta a estos mercados y que incide, especialmente en el caso venezolano, en la cotización internacional del petróleo.

Lo que deben entender nuestros legisladores es que el Perú no tiene posición de dominio en el mercado internacional del crudo y por lo tanto es un tomador de precios. Eso quiere decir que así los congresistas señalaran por ley que los combustibles serán gratis en el país, lo único que lograrían es quebrar a las empresas proveedoras de combustible, desabastecer al mercado, generar mercados negros, elevar los precios y afectar a los consumidores.

 

 

 

 

 

 

 

El diesel 2 es uno de los combustibles cuyo precio ha permanecido mayor tiempo con retrasos en relación con el precio de referencia.

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