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La nueva ola regulatoria

27 de abril del 2020
El Comercio

Informe IPE – El Comercio

El Congreso ha presentado más de 100 propuestas de legislación económica durante la emergencia sanitaria. El sistema de pensiones y pago de deudas son los temas más abordados.
 
Hoy se cumplen seis semanas desde que los miembros del Congreso, que ejercerá funciones hasta julio del 2021, juraron como parlamentarios e iniciaron su labor, cuando ya el país se encontraba en estado de emergencia debido a la propagación del coronavirus.

Luego de un mes y medio de trabajo en un entorno de crisis, el Parlamento ha presentado 209 proyectos de ley (PL), al cierre de este informe. De ellos, 103 tratan sobre materia económica.

—La mira fija—
El 43% de los PL sobre materia económica presentados abordan dos temas: el sistema de pensiones –en especial el sistema privado– y los pagos de deudas con el sistema financiero, tributario y de servicios básicos. Así, se han presentado 27 iniciativas para introducir nuevas regulaciones en el sistema previsional y 21 para normar el pago de deudas y de servicios básicos.

Muchos de los PL sobre el sistema privado de pensiones (SPP) fueron aprobados en un “paquete”, incluyendo el cuestionado retiro del 25% de los fondos previsionales. Aunque fue criticado por diversos especialistas y autoridades, incluyendo la ministra de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Reserva, el Parlamento aprobó la medida rápidamente.

Los primeros proyectos en este sentido se presentaron el 24 de marzo (solo ocho días después de la juramentación de los congresistas) y apenas dos semanas después, el 6 de abril, ya se había enviado la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esto contrasta con el tiempo que toma regularmente la aprobación de normas. Usualmente el período entre la presentación de un PL, su discusión y aprobación toma en promedio unos 11 meses.

Otras iniciativas presentadas incluyen la libre desafiliación del SPP, la posibilidad de cambiar inmediatamente de fondo de inversión, o la suspensión del cobro de comisiones cuando la rentabilidad sea negativa. También se han propuesto cambios estructurales: Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Frepap han planteado crear una comisión especial para diseñar una reforma integral de los sistemas previsionales del país.

Por otro lado, se aprobó la prórroga de pagos de deudas de distintos tipos de créditos y el aplazamiento de obligaciones tributarias, que eran el objetivo de 21 PL presentados en este mes y medio. Este tema había sido priorizado por el Poder Ejecutivo y, según la Asociación de Bancos (Asbanc), más de 3,9 millones de créditos ya han sido reprogramados. En conjunto, suman más de S/67.000 mlls.

—Reglas de juego—
Respecto de los proyectos aprobados en el ámbito regulatorio, destaca la suspensión del cobro de peajes en todas las rutas del país. Se presentaron cuatro iniciativas legislativas de este tipo que podrían atentar contra la estabilidad jurídica de contratos de concesión. Aparte de demandas de arbitraje internacional, ello generaría un precedente que desincentivaría futuras asociaciones público-privadas en proyectos de infraestructura.

Asimismo, hay varios PL presentados que apuntan a dos temas sensibles para la población durante la emergencia: la regulación del mercado laboral y los precios de venta de productos de primera necesidad.

Por el lado del empleo, Acción Popular, Frepap y Somos Perú presentaron proyectos que buscan impedir los despidos durante la emergencia, agregando rigidez al mercado laboral. Sobre el tema, el Ejecutivo ya aprobó el Decreto de Urgencia N° 038-2020 que contempla la suspensión perfecta de labores como medida excepcional cuando las empresas no puedan sostener el vínculo laboral.

Además, hay ocho PL que buscan introducir sanciones penales para los productores que acumulen bienes de primera necesidad y “especulen” con sus precios, es decir, que busquen venderlos a precios “injustificadamente altos”, pero sin criterios claros para definirlos. Uno de los proyectos considera que debe haber una “autoridad competente” para determinar cuáles deberían ser los precios de venta.
 
2020-04-27 – La nueva ola regulatoria – Informe IPE – El Comercio

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