Legislando con mala leche

26 de junio del 2017
El Comercio
Advertencia ● La ley que prohíbe el uso de leche en polvo en la elaboración de leche fluida, evaporada, yogur y quesos carece de sustento técnico y tendría un efecto negativo en la economía.
A raíz del caso Pura Vida, el Congreso aprobó la Ley de Desarrollo de la Ganadería Lechera que prohíbe el uso de leche en polvo y otros insumos lácteos en la elaboración industrial de leche fluida o evaporada, yogur y quesos. Al ser aprobada por amplia mayoría, la ley ya se encuentra lista para su promulgación pese a que presenta serias imprecisiones que debieron haber sido discutidas previamente en la Comisión Agraria o en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Se esperaría que la ley sea observada por el Ejecutivo por su efecto negativo sobre la economía.
En primer lugar, no existe un sustento técnico para la prohibición. Si bien la ley afirma que “los insumos lácteos reducen el valor nutricional de la leche” y que “afecta enormemente la salud e integridad de los niños”, esto es patentemente falso. La misma señala que existe “muy poca investigación sobre el impacto del procesamiento y sobreprocesamiento de la leche sobre su contenido nutricional”. Incluso respecto a la carragenina, sustancia presente en la leche en polvo, se afirma que tiene efectos negativos en la salud; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que no es dañina en la cantidad utilizada por los productos lácteos y que puede utilizarse como aditivo alimentario en la leche.
Asimismo, la norma prohíbe el uso industrial de estos insumos porque alega que, al reducir la calidad de la leche, ya no debería ser considerada un producto lácteo. Sin embargo, el Código Alimentario 2012 de la FAO –conjunto de normas alimentarias internacionales para proteger la salud de los consumidores– considera la leche en polvo como un producto lácteo, como es lógico. Además, el código permite el uso de grasas anhidras y el suero en polvo, productos lácteos prohibidos por la nueva ley, como aditivos alimentarios a la leche.
La prohibición resulta muy exagerada debido a que si se busca mejorar la cantidad y calidad de la información que los consumidores tienen sobre estos productos, se debería legislar al respecto. Por ejemplo, exigir que la información en el etiquetado se entienda de manera más fácil o que exista una clara diferenciación entre los productos lácteos. Así como, por supuesto, multas en caso de publicidad engañosa.
Por otro lado, la ley sostiene que el uso actual de insumos lácteos no ha permitido incrementar el consumo percápita de leche, lo cual se contradice con el aumento entre los años 2012 y 2016 (de 60 litros a 87 litros por año, según el Ministerio de Agricultura y Riego).
A pesar de dicho aumento, el consumo percápita en el Perú es aun menor que lo recomendado por la FAO (120 litros por año) y que lo registrado en otros países de la región como Colombia y Ecuador (aproximadamente 140 litros por año). Asimismo, se registró un crecimiento acumulado significativo en la producción de leche nacional de 21% entre el 2008 y 2015.
Además, dado que la demanda supera largamente la producción nacional de leche –existe un déficit de aproximadamente 30%, según la Asociación de Industriales Lácteos–, la ley generaría una menor disponibilidad del producto, lo que se traducirá en mayores precios y limitaría la decisión de los consumidores. En consecuencia, la iniciativa provocaría un aumento en la brecha con relación al nivel de consumo recomendable.
Otro aspecto importante es el efecto que tiene la ley en los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado con otras economías. En particular, la medida va en contra de los acuerdos pactados con dos de nuestros principales socios comerciales desde los que se importa leche en polvo: EE.UU. y la Unión Europea. Ambos concentran más de la mitad del volumen importado de leche en polvo. En esta línea, cabe resaltar que los acuerdos estipulan una apertura gradual (desgravación progresiva), precisamente para prevenir los posibles costos que representaban para los productores ganaderos.
Finalmente, dado que los argumentos técnicos a favor de la iniciativa no existen, es claro que no es un tema de salud pública, sino que el fin de la ley es proteger a un grupo de productores en perjuicio de todos los consumidores. Asimismo, se está sentando un precedente negativo sobre la actividad económica porque otros productores buscarán lo mismo. Por ello, la mayoría de expertos recomienda que el Congreso y el Poder Ejecutivo frenen este tipo de iniciativas y así evitar que se prohíba sin fundamentos adecuados la venta de cualquier producto.
[pdf-embedder url=»http://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2018/02/2017-06-26-Legislando-con-mala-leche-Informe-IPE-El-Comercio.pdf» title=»2017-06-26 – Legislando con mala leche – Informe IPE – El Comercio»]