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Ley antidespidos: el remedio es peor que la enfermedad

24 de junio del 2020
Instituto Peruano de Economía (IPE)

 
Una ley así impediría que las pequeñas empresas tomen las acciones necesarias para sobrevivir y mantener a la mayoría de puestos de trabajo que generan.
 
La crisis económica por la que atraviesa el Perú ha golpeado a los trabajadores peruanos. De acuerdo con el INEI, en lo que va del año ya se han destruido 3.6 millones de empleos, solo en Lima Metropolitana. En este contexto, el Congreso de la República ha lanzado el proyecto de Ley de Protección al Trabajador frente a Despidos, cuyo propósito es prohibir que las empresas y el Estado, despidan trabajadores.

El proyecto busca impedir que los empleadores den por terminados los contratos de trabajo hasta un mes y medio después del Estado de Emergencia, sin acuerdo previo con el empleado. Esto alcanzaría a cualquier contrato que haya vencido y no haya sido renovado desde la declaratoria de la emergencia, a mediados de marzo.

Existen varios argumentos en contra de una medida de este tipo, tanto en el plano jurídico como económico. Por el lado jurídico, dicha ley sería inconstitucional porque va en contra de las libertades, de las personas y las empresas, para contratar.

Además, ninguna ley puede afectar contratos que se hayan firmado antes de la publicación de la ley (lo que se conoce como retroactividad). Finalmente, la ley afectaría las contrataciones del Estado, es decir, el Legislativo estaría imponiendo costos sobre el Ejecutivo.

En el plano económico, hay varios motivos para pensar que esta ley pondría en riesgo muchos puestos de trabajo. En un contexto de crisis, se requiere que las empresas –que son las fuentes de empleo– reciban apoyo y tengan flexibilidad para hacer cambios en su planilla. Si se les prohibiera hacer cambios en la contratación, se podría en riesgo la viabilidad de toda la compañía y, por lo tanto, la continuidad laboral de todas las personas que trabajan en ella.

Así, en un entorno de crisis, incertidumbre y nuevas dificultades regulatorias, algunas empresas podrían evitar contratar de manera formal. Por su parte, las empresas informales sí podrían elegir libremente a cuántas personas contratar. Esto pone en desventaja a los formales frente a la gran competencia en el sector informal.

Por otra parte, esto implicaría “atar” a los trabajadores a sus empleos actuales, lo que les cerraría la posibilidad de ganar más dinero iniciando algún emprendimiento. Por el lado empresarial, limita las posibilidades de que las compañías puedan reinventarse, cambiar su giro de negocio, o desplegar otras estrategias para mantenerse viables.

Si la preocupación es preservar el empleo en tiempos de crisis, la solución no pasa por prohibir los despidos, pues el “remedio” sería peor que la enfermedad. Otras alternativas implementadas en países de la región pasan por ampliar los subsidios a las planillas, acelerar la reapertura económica siguiendo los protocolos de salubridad, acelerar trámites burocráticos, entre otras opciones.

COMENTARIOS

  1. Actualmente me encuentro desempleado al igual que muchos compañeros de trabajo de la misma empresa, mi contrato venció el 30 de mayo, el estado dijo que daría subsidios alos trabajadores con salario por debajo de 1500.00 con el 35% Asu sueldo, algo que nunca llrgo, ya vamos entrante al mes de julio y la situación es desesperante, si esta ley se aprobara estaríamos nosotros los trabajadores contratados incluidos..?

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