Llegó el momento de relajar los candados fiscales
29 de enero del 2020
El Comercio
A finales de diciembre del año pasado, el Ejecutivo hizo uso de la cláusula de excepción de las reglas fiscales que, en caso de desastres o choques externos significativos, permite modificar los límites de la deuda pública y del déficit fiscal.
Mediante el Decreto de Urgencia 032-2019, el Ejecutivo dispuso aplazar la meta de déficit fiscal de 1% del PBI, que estaba prevista que se alcance en el 2021, hacia el 2024, aunque dicho año no está explícito en el documento.
El decreto de urgencia solo se limita a precisar que para el año del bicentenario, el déficit no deberá exceder el 1,8% del PBI, para el 2022 el 1,6% y para el 2023 el 1,3%. El argumento de la normativa es que la holgura fiscal se destinará al financiamiento de proyectos de infraestructura.
“Es importante poner en marcha proyectos relevantes que cierren brechas de infraestructura e impulsen el crecimiento potencial de la economía […], lo que implica la necesidad de que la programación multianual presupuestaria del 2021-2023 cuente con espacio fiscal para continuar expandiendo la inversión pública”, precisa el documento del Ejecutivo.
Asimismo, el decreto faculta el uso de los fondos de la Cuenta Única de Tesoro, a fin de minimizar el impacto del déficit fiscal sobre la deuda pública.
No obstante, la medida recibió algunas observaciones del Consejo Fiscal, colegiado que tiene por finalidad contribuir con el análisis técnico independiente de la política fiscal.
“El Consejo Fiscal exhorta a que la modificación a las reglas fiscales se realicen dentro de los conductos establecidos en el marco legal, con la finalidad de evitar cambios a las reglas fiscales que resten predictibilidad a la política fiscal, y consecuentemente, a la estabilidad macro”, indicó en su informe.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ante un cambio en las reglas fiscales, el Ministerio de Economía debe publicar, en forma excepcional, un informe con las principales variables macroeconómicas y fiscales del Marco Macroeconómico Multianual.
Asimismo es deber del Consejo Fiscal emitir opinión sobre cambios de las reglas.
LAS OBSERVACIONES
Una de las primeras críticas del Consejo Fiscal es que la convergencia del déficit fiscal a 1% del PBI en el 2024, tal como lo establece el decreto de urgencia del Ejecutivo, debió indicarse en forma explícita y no como ha sido considerada en el documento.
Por otro lado, el colegiado observó que si bien con la ampliación del déficit se permite que el proceso de consolidación fiscal sea más moderado, este aplazamiento afectará a la próxima administración, dado que la vigente culmina a mediados del 2021.
También, el Consejo Fiscal precisa que hay un conjunto de riesgos asociados a la capacidad de ejecución de la inversión pública que podrían llevar a que la ampliación del déficit se destine a compensar menores ingresos fiscales o incrementar gastos corrientes.
Por último, la institución afirma que está preocupada por los riesgos de sostenibilidad de la deuda pública, generada por un sesgo optimista en el crecimiento económico, que podrían sobreestimar la capacidad del gasto público.
Reacciones
Para el economista Elmer Cuba, las observaciones del Consejo Fiscal son impertinentes porque el Perú es muy solvente en el terreno fiscal.
El economista sostiene que por ello, los inversionistas ven al país en mejor situación que sus pares, e incluso que Chile.
A decir de Cuba, los retos fiscales del país no están en el nivel de su deuda pública o en el aumento del déficit fiscal, sino en aquellos problemas que involucran a la población y a las empresas, como la baja presión tributaria, el elevado incumplimiento del IGV y el Impuesto a la Renta y en la calidad del gasto público, así como en detectar la corrupción que pueda haber en el gasto de los gobiernos subnacionales.
“Esos son los temas centrales de la política fiscal del país y el Consejo Fiscal ha decidido no meterse en eso, sino en el gran agregado. Los temas cruciales no están ahí”, comenta.
De acuerdo con Cuba, el nivel de deuda pública como porcentaje del PBI es el más bajo de América Latina y de los países emergentes, por ello el riesgo país se ha reducido.
Por su parte, Luis Fernando Alegría, economista principal del Instituto Peruano de Economía (IPE), afirma a Día1 que las agencias calificadoras de riesgo no han cuestionado el decreto de urgencia del Ejecutivo, con lo cual, la decisión tomada por el Gobierno Central no sería una acción que atente contra la credibilidad del Gobierno y la solidez fiscal.
Sin embargo, sostiene que detrás de la trayectoria de las cuentas fiscales hay un problema estructural, debido a que en los dos últimos cinco años ha relajado las reglas.
“Para que pase dos veces en cinco años [el aplazamiento de la convergencia del déficit fiscal] te está diciendo que algo de fondo está fallando”, menciona.
De acuerdo con el economista, en los dos últimos años, los ingresos fiscales se han desacelerado, han pasado de crecer alrededor de 14% en el 2018 a alrededor de 6% en el 2019.
Además, resalta que parte de ese crecimiento obedece al incremento en 20% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y a un incremento en 8% de los ingresos no tributarios; y no a la mejora de la base tributaria.
“En los dos últimos años, se han hecho dos reformas en el ISC, que han impulsado los resultados. Este impuesto ha sido el botón de emergencia del Gobierno para mejorar la recaudación”, explica.
Por otro lado, Alegría apunta que se debe tener en cuenta la evolución del ahorro público, que ha caído en alrededor de dos puntos del PBI en los últimos años.
Parte de este ahorro, ha sido utilizado para financiar el déficit. Pues antes del 2017 el Fondo de Estabilización Fiscal tenía alrededor del 5% del PBI, no obstante, en la actualidad es de alrededor del 2,5 puntos del PBI.
A la luz de esto, el decreto de urgencia del Ejecutivo sincera unas metas que –como ya había advertido el Consejo Fiscal– pecaban de optimistas.
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