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Lo barato sale caro

14. 06. 2023

Columna de Miguel Palomino, presidente del IPE, publicada en La República.

Nuestro Congreso aprobó en el 2020 ponerle un tope máximo a la tasa de interés que puede cobrar una institución financiera regulada. Como es usual, de nada sirvió que se mostraran en contra el Banco Central de Reserva (BCR), la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía y Finanzas y casi todos los economistas. El argumento central en contra de esta legislación era que poner límites a la tasa de interés era otro vano intento de poner controles de precio, algo que no iba a funcionar, y que, como siempre, los que más sufrirían con la medida serían los más pobres.

En el caso de las tasas de interés era obvio por dónde iba a darse la salida al intento de ponerles un límite: existía un sistema muy extendido de préstamos informales (es decir, no regulados). Al prohibir que las instituciones financieras les presten se les entregaba a los informales un pedazo adicional del mercado. Recientemente, BCR ha estimado que aproximadamente 33.000 clientes, 6% del total de clientes de créditos a micro y pequeña empresa, así como otros 67.000 clientes, 8% del total de préstamos de consumo, han quedado fuera del sistema financiero debido a los topes de la tasa de interés.

Los prestamistas informales no tienen por qué ser malos (excepto porque, como medio Perú, no cumplen con la ley). Dan crédito a quienes lo necesitan, porque no pueden/quieren cumplir con los requisitos de una institución financiera. Pero, como es lógico, tiene que haber alguna manera de hacer cumplir las deudas y en algunos casos son medios ilegítimos.

El Instituto Peruano de Economía realizó un estudio para intentar caracterizar al mercado de crédito informal urbano en el Perú, del cual se sabía poco por ser, justamente, informal. El estudio se basó en una encuesta representativa a más de 1.200 prestatarios en cinco ciudades del Perú (Trujillo, Iquitos, Lima, Arequipa y Cusco). Todos ellos habían tomado un crédito informal que no era de familiares o amigos. Los resultados son sorprendentes.

En primer lugar, el tamaño del mercado es muy grande. Se estima que aproximadamente 580.000 familias tomaron un crédito informal en el último año. Eso es equivalente a 8% de las familias del Perú.

En segundo lugar, su costo es altísimo. ¡49% de los créditos informales se dieron a una tasa superior a 500% al año! Esto es posible porque la mayor parte del crédito se da a muy corto plazo (el plazo más frecuente de los préstamos es de un mes), y una tasa de interés de solo 17% mensual es, por efecto del interés compuesto, equivalente a más de 500% anual. Un préstamo a 24 días con pago de interés diario (gota a gota) de 20% (el segundo tipo de crédito más común) da una tasa de interés de más de 10.000%. Ojo que esta es la misma forma de cálculo que se utiliza para medir los préstamos de instituciones financieras y que resulta en una tasa máxima de 96% dado el tope impuesto.

Más sorprendente aún es que casi la mitad de los que tomaron préstamos de más de 500% anual consideran que las condiciones de dichos préstamos fueron favorables o muy favorables (más de la mitad de los que pagaron más de 10.000% de interés anual consideraban que los préstamos eran en condiciones favorables o muy favorables). Es claro que para estas personas obtener el crédito lo valoran muchísimo sin importar la tasa de interés.

Debemos detener el absurdo de tratar de derogar la ley de la oferta y la demanda. Sabemos que nunca va a funcionar y sin embargo volvemos a intentarlo. Si inclusión financiera es lo que queremos, no lo lograremos echando a gente del sistema financiero. Los únicos que se han visto afectados son esos 100.000 peruanos que perdieron acceso al crédito y hoy están en manos de los prestamistas informales del gota a gota. Señores congresistas, a veces lo aparentemente barato sale caro.

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