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Más que una crisis

28 de mayo del 2020
El Comercio

Columna de Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía.

El Perú vive una crisis sanitaria inimaginable que ha venido a sumarse a otra que se desató hace menos de ocho meses, cuando el presidente Martín Vizcarra, ignorando la ley y la Constitución, disolvió el Congreso. Desde entonces, se han instalado en el país la total incertidumbre y un nuevo Parlamento poblado, en gran ­ medida, de populistas, demagogos, ignorantes y picaros. Ahora, el manejo desastroso de la epidemia ha llevado a una mayoría de ­ ciudadanos a ignorar, de facto, las disposiciones de la reciente extensión del encierro.

¿Pensó realmente el mandatario que podía privar de sustento por tres meses y medio al 72% de los trabajadores? Al tomar la indispensable decisión de declararla primera cuarentena, se desoyeron los consejos que la habrían hecho efectiva. Se debió masifícar los test y controlar la aglomeración en mercados, bancos y transporte público, y permitir, al mismo tiempo y selectivamente, que algunos sectores y regiones siguieran produciendo con el estricto cuidado de los trabajadores. Ciertamente, esos trabajadores hubieran recibido mejor atención que la que el pobre sistema público de un Estado disfuncional les ha podido brindar.

Ahora, en medio de una falsa ‘meseta’ de enorme contagio, el Gobierno se apresta a abrir la economía con mecanismos que revelan, una vez más, la total ignorancia acerca de la manera en la que opera la economía peruana, plagada de informalidad y de una asfixiante sobrerregulación. Con nulo conocimiento sobre cómo se desenvuelven las pequeñas y grandes empresas, decretan protocolos de salud incumplibles para la mayoría de ellas y ‘‘planifican’’ la apertura de manera absurda, teñida de un rechazo ideológico a todo lo que sea el sector privado. ¿Se puede encontrar acaso racionalidad alguna en la selección hecha de las actividades que abrirán primero que otras? ¿Existe algún criterio para decir, por ejemplo, que la pesca deba operar con solo el 60% de la flota, o que el transporte informal saque sus vehículos tres días a la semana? Ciertamente, cada embarcación es independiente de la otra en altamar y, por otro lado, a menos combis ulando, más peligro de contagio en su limitado espacio. Peor aún, ante la ilógica prohibición de usar del sector privado. Sin su confianza y vehículos privados para el trabajo.

Lo que el Estado debe cuidar es la salud, independientemente de qué actividad se trate. Si una gran mina, empresa grande o un vendedor de emoliente (existen 39.000 de ellos) cumple con reglas básicas de salud, pues deberían trabajar sin que algún iluminado burócrata, que decide que cortar el cabello es menos peligroso que vender emoliente en el invierno, lo impida. Cada empresa debería firmar una declaración jurada detallando que cumple con un protocolo de salud acorde con normas fundamentales y atenerse a una severa sanción en caso de incumplimiento. En lugar de las anodinas conferencias de prensa del presidente, el Estado debió saturar los medios de comunicación para educar a los ciudadanos acerca de cómo protegerse del virus y explicar la importancia cívica de no exponer a los demás al contagio. En cambio, han tenido que transcurrir más de dos meses para descubrir recién los crasos errores en la gerencia de la cuarentena.

La impericia del Ejecutivo y su aguda carencia de gestión han costado vidas y, más allá de inútiles muertes, esa impericia ha originado un daño irreparable en la economía.

Ha llegado el momento de que el Ejecutivo pida ayuda de verdaderos expertos y corrija errores que se no se debieron cometer desde el día en el que se decretó la primera cuarentena. Debe dejar el martillo, tomar el bisturí y focalizar su acción. En una situación de desborde como la actual, ya no es posible hacer mucho con los jóvenes y personas de menor riesgo más allá de ser inflexibles con el uso de la mascarilla y el control de la aglomeración. La tarea principal y urgente es cuidar la vida de las personas vulnerables y, para ello, debe convocarse a todas las autoridades civiles y militares, además de organizaciones sociales y empresa privada. ’Se debe identificar a esas personas por todos los medios, verificar su estado, proveerles medicamentos y, en caso de evidente peligro de contagio por no contar con condiciones físicas de aislamiento, trasladarlas a un lugar seguro, preferiblemente dentro de su comunidad. Junto con ello, se debe dejar de lado la suicida animadversión en contra del sector privado. Sin su confianza y vehemente concurso, la reactivación del país es literalmente imposible.

2020-05-28 – Más que una crisis – Roberto Abusada – El Comercio

COMENTARIOS

  1. En Chile, además de la ayuda de los expertos, están en este momento logrando un Acuerdo Nacional para evitar que el barco se vaya a pique. Es lo que corresponde: Actuar como un solo país y trabajar en la misma dirección todos. Los autores de la siguiente nota, uno de ellos ex ministro y actual profesor de la LSE, se refieren precisamente a esta imperiosa necesidad.
    Columnistas
    Viernes 29 de mayo de 2020 El Mercurio.
    Cualquier parecido es pura coincidencia.
    ELEMENTOS PARA UN ACUERDO NECESARIO Y URGENTE.
    Luis Felipe Céspedes: Universidad de Chile.
    Andrés Velasco: London School of Economics.
    Luis Felipe Céspedes y Andrés Velasco: “…el espacio fiscal para enfrentar el virus dependerá de un acuerdo que asegure una trayectoria sostenible para la deuda pública futura. Esto requerirá equilibrar una mayor eficiencia en el gasto público, una mayor carga tributaria y un mayor crecimiento económico…”.
    El Gobierno ha hecho un llamado a construir un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia. Un acuerdo de esta naturaleza es urgente.
    Chile hoy sufre los efectos de dos virus: el SARS-CoV-2 y el virus de la incertidumbre. Demasiadas familias no tienen certeza acerca de su próximo ingreso; muchas pymes no saben si recibirán el crédito que les permita seguir operando; el país desconoce el marco fiscal en que nos desenvolveremos los próximos 18 meses; y la incertidumbre política, con ocho elecciones el próximo año, alcanza niveles inusitados. Un acuerdo permite atacar ambos virus a la vez. Provee un marco de acción global, evita la improvisación y deja atrás los anuncios por goteo, sujetos a las urgencias del día.
    Un primer elemento del acuerdo debe reconocer que las medidas de salud y las medidas económicas de apoyo a las familias son complementarias. Un adecuado apoyo a las familias aumenta el cumplimiento de las cuarentenas y reduce la velocidad de contagio. Medidas de aparente menor costo fiscal pueden terminar teniendo un costo muchísimo mayor, porque aumentan el tamaño del shock sanitario. Lo barato puede terminar costando caro.
    El apoyo financiero a las familias se está quedando corto y adolece de una lenta implementación. La propuesta de los economistas convocados por el Colegio Médico es adecuada en esta dimensión.
    Otro aspecto clave del acuerdo debe ser el resguardo de la capacidad productiva. Parte importante del capital productivo de una empresa reside en los trabajadores que ha contratado y entrenado. Los despidos masivos por falta de liquidez, además de su tremendo costo social, tienen un efecto negativo en la productividad, destruyendo capacidad productiva en el país de manera permanente.
    La ocasión y el monto del apoyo aquí también importan. Si no se apoya a las empresas de todos los tamaños afectadas por el virus, la destrucción de capacidad productiva será tan elevada que la merma en la recaudación futura amenazará la sustentabilidad fiscal. De nuevo, lo barato puede terminar costando muy caro.
    Las medidas implementadas por el Gobierno para apoyar a las empresas son valiosas en su diagnóstico y enfoque, pero incompletas en su diseño y aplicación. Un nivel de garantía efectiva relativamente bajo para las Mipes, junto con la existencia de una tasa de interés máxima fijada por ley, han implicado un flujo de crédito a las pequeñas empresas mucho menor al necesario.
    También hace falta un marco de política para apoyar a empresas de sectores estratégicos. Préstamos con garantía del Estado convertibles en acciones o la nacionalización parcial y transitoria deben ser parte del instrumental disponible. Es lo que recién ha hecho el gobierno alemán, adquiriendo 20% de la propiedad de Lufthansa a cambio de un paquete de 9 mil millones de euros.
    Un tercer pilar del acuerdo deben ser las medidas que permitan ir recuperando la actividad económica apenas la situación sanitaria lo permita. Para reducir la probabilidad de rebrotes es clave aumentar significativamente la capacidad de testeo. En la medida que la vacuna se postergue, requeriremos un sistema que permita recuperar la capacidad productiva y aislar rápidamente a los casos detectados. El Estado tiene una tarea fundamental en el diseño, coordinación e implementación de esa estrategia.
    Además, debemos ir construyendo planes de emergencia para enfrentar la situación de desempleo y diseñando instrumentos que estimulen la inversión y el desarrollo de nuevos sectores como parte de la estrategia de salida al covid-19.
    ¿Cuánto es posible y prudente gastar en este plan contra el covid-19? El monto disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social, cercano al 5% del PIB, provee un marco para el gasto público adicional y transitorio en el período 2020-2021. Es posible emitir deuda adicional, pero hay algo que no podemos olvidar: el espacio fiscal para enfrentar el virus dependerá de un acuerdo que asegure una trayectoria sostenible para la deuda pública futura. Esto requerirá equilibrar una mayor eficiencia en el gasto público, una mayor carga tributaria y un mayor crecimiento económico.
    Alcanzar un acuerdo nacional para enfrentar de la mejor manera el covid-19 no es un lujo; es una necesidad imperiosa. Si no lo logramos, el precio lo pagaremos en miles de vidas, centenares de miles de empleos, y un bienestar dramáticamente menor para millones de compatriotas.
    Luis Felipe Céspedes
    Universidad de Chile
    Andrés Velasco
    London School of Economics

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