No repitamos los errores del pasado

28 de julio del 2020
Diario UNO

 
Recientemente, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó el proyecto de ley que busca sancionar penal­mente a aquellos que realicen actos de especulación de precios y acaparamiento de bienes. Esta iniciativa fue observada por el Ejecutivo, puesto que busca rein­corporar al código penal el delito de acaparamiento, derogado en el 2008. Además, el proyecto plantea modificar el artículo relativo a la especulación de precios y dispo­ne que se debe emitir una lista de bienes y servicios esenciales en un plazo máximo de dos días de declarado el Estado de Emer­gencia.

Si bien el Perú tiene vigente el artículo relacionado a la espe­culación de precios, este no es aplicado porque no se cuenta con una lista de “precios oficiales”, lo cual sería incompatible con una economía social de mercado, como lo es la peruana, de acuerdo con la Constitución. La medida podría parecer beneficiosa, pero no considera diversos aspectos que terminarían perjudicando a quienes busca proteger: los consumidores.

¿Qué efectos generaría la ley?
Determinar si una conducta es anticompetitiva requiere de un análisis riguroso que debe ser realizado por una entidad con capacidad técnica y competencia en el tema, como Indecopi, no el Poder Judicial.

En el caso de la especulación, por ejemplo, es sumamente difí­cil determinar si un producto se encuentra sobrevalorado ya que su precio responde a múltiples factores como la disponibilidad de insumos, dificultades en el transporte, entre otras condi­ciones que pueden variar rápi­damente en una situación de emergencia. Además, en una economía social de mercado, los precios de los productos se determinan en función a la oferta de los vendedores o productores y la demanda, por lo que terminan reflejando la escasez relativa de un producto.

Por ejemplo, a inicios de la emergencia sanitaria, el fuerte incremento de la demanda elevó notoriamente el precio de los insu­mos de protección como las mas­carillas. Ello envió una señal a los productores y vendedores de que debían abastecerse de más de estos productos, como finalmente sucedió y, con ello, su precio se redujo de manera sustancial.

Fijar precios arbitrariamente elimina estas señales del mercado cuando más se necesitan. Además, motiva a los consumidores a com­prar en mayor cantidad, lo que ge­nera que muchas familias no logren acceder a estos bienes esenciales durante la emergencia.

Más aún, este tipo de medidas propician el desarrollo de un mer­cado negro en el que los productos controlados son vendidos a un precio mucho mayor que el precio inicial de mercado. En suma, se genera un escenario de escasez e ilegalidad en el que los mayores perjudicados son los consumidores.

Experiencia internacional
En Argentina, desde inicios de marzo, se han fijado precios máxi­mos para diversos bienes considera­dos de primera necesidad, entre los que están medicinas, alimentos y productos de limpieza. Las sanciones para quienes no cumplan la medi­da comprenden multas, decomisos de mercadería e incluso el cierre de local. Esta política ha generado una maraña de problemas, como los que se han suscitado entre ven­dedores minoristas (supermercados y almacenes) y sus proveedores. Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas señaló que la distribución de mercadería presenta severas compilaciones. Ade­más, es preciso resaltar que las mu­nicipalidades están destinando una gran cantidad de recursos fiscales, cuya adecuada administración es especialmente relevante en épocas de emergencia.

En nuestro país
Un ejemplo de control de precios lo tenemos en nuestra historia y se remonta a la segunda mitad de la década de 1980, en el que el Gobierno de Alan García fijó controles para el tipo de cambio (precio del dólar), las tasas de interés (el precio del crédito), el precio del combustible y de diversos productos alimenti­cios como el aceite, fideos, harina y azúcar. En el caso de los alimentos, el resultado fue la escasez de estos bienes básicos y la generación de largas colas para lograr adquirirlos de manera limitada. Por su parte, la fijación del tipo de cambio (dó­lar MUC) generó las condiciones para la aparición de un mercado paralelo ilegal, además de ocasio­nar la devaluación de la moneda nacional.

Alternativas
Por un lado, se debe fomentar la competencia en los mercados, lo cual permitirá reducir el pre­cio de los productos. Para ello, es necesario generar las condiciones que permitan incrementar la dis­ponibilidad de los productos alta­mente demandados. Al respecto, ya se han tomado algunas medidas relevantes en esta dirección.

Al inicio de la emergencia sa­nitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la aplicación de un arancel cero para la im­portación de medicamentos e insumos médicos. Por su parte, la Dirección General de Medicamen­tos, Insumos y Drogas (Digemid) agilizó los procedimientos para la autorización de los registros sanitarios. Estas disposiciones, no solo contemplan la importación de productos finales, sino que tam­bién han permitido abastecer a los productores locales de los insumos necesarios para la fabricación de medicamentos. Además, van acor­de con las recomendaciones del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que han ins­tado a los países a favorecer el libre comercio y asegurar las cadenas de suministros con el objetivo de evitar la escasez de alimentos y medicinas.

Finalmente, en el caso especí­fico de los medicamentos, lo más importante es que los estableci­mientos del Estado se encuentren adecuadamente equipados, dado que proveen aseguramiento a nue­ve de cada diez personas en el país. Es por ello que resulta cuestionable que recién el 21 de mayo, luego de más de dos meses de la decla­ración del estado de emergencia, se haya publicado el Decreto de Urgencia que autoriza el finan­ciamiento para la compra de los productos farmacéuticos para el tratamiento del coronavirus kit Covid-19. (Instituto Peruano de Economía)
 
2020-07-28 – No repitamos los errores del pasado – Diario UNO

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