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Prensa

Presupuestos públicos se cimientan en multas

22. 03. 2014

22 de marzo del 2014
Correo

Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), convertir las multas en parte del presupuesto de las entidades sancionadoras solo genera incentivos para sancionar y aumentar así el presupuestos.

Así, señaló que en el año 2013 el presupuesto público incluyó ingresos de S/.435 millones por recaudación de multas y sanciones no tributarias. “Casi la mitad de estos ingresos fueron percibidos por cinco organismos públicos, liderados por Indecopi y por la OEFA, entidades que, justamente, se financian principalmente con las multas que imponen”, precisó en uno de sus informes.

RAZONABLE. A renglón seguido, indicó que sin pretender reducir el presupuesto de Indecopi o de la OEFA, no es razonable que sus ingresos dependan de las multas que imponen. “O cumplen o una función valiosa para la sociedad o no lo hacen. El que impongan más o menos multas no debe afectar su presupuesto”, precisó.

Al respecto, citó que la Oficina Nacional  de Gobierno Interior (Onagi), organismo del Ministerio del Interior del cual dependen los gobernadores,  ha estado al centro de esta tormenta y no ha salido bien parada.

JUSTIFICACIÓN. Recordó el IPE que la Onagi se autoproclamó responsable de revisar y autorizar toda campaña de promoción comercial, tipo 3×2, descuentos o cupones, que realice cualquier comercial a nivel nacional, facultad que la ley no le otorga. “La supuesta justificación era proteger al consumidor de campañas falsas o engaños. Hoy hablaremos de lo que parecería ser el verdadero objetivo, el cual es parte de una tendencia preocupante a nivel Estado peruano”, agregó.

Es más, indicó que el súbito interés por los consumidores pareciera derivarse del hecho de que el organismo supervisor se hace con las multas que recaude por las infracciones que sancione. Es más, refirió el IPE que en los días se ha tenido al presupuesto de la Onagi en la mira y aumentarlo debe ser importante para las actividades del organismo. “Una nueva fuente de ingresos no le viene mal a nadie y qué mejor ingreso que el que depende de la decisión propia impuesta a los “supervisados” y no de la voluntad de alguien de pagar por un servicio”, dice a la letra.

Por ello, comentó que el caso de la Onagi es solo un ejemplo de una preocupante tendencia de financiar los presupuestos de entidades públicas con las multas que imponen.
 
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