¿Qué podemos esperar del mercado laboral en el 2022?
27 de enero del 2022
Miguel Jaramillo Baanante
Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE
En contraste con el triunfalismo sobre los resultados macroeconómicos del año, el mercado laboral peruano terminó el 2021 en una situación poca alentadora. En efecto, si nos enfocamos en los datos para Lima Metropolitana, ya disponibles para el año completo, observamos tendencias preocupantes. Como se puede observar en el Gráfico 1, al cierre del último trimestre, el empleo está aún 2.6% (130,000 empleos) por debajo del nivel del mismo trimestre de 2019.
Así, a pesar de resultados macroeconómicos que superaron las expectativas iniciales, aún no logramos elevar el empleo a los niveles previos a la pandemia. En contraste, las cifras de desempleados sí han crecido, conforme las personas han vuelto al mercado laboral y encuentran serias dificultades para encontrar un empleo asalariado. Tenemos 420,000 desempleados, 23% más que hace dos años, cuando no había pandemia. Entrar a los detalles de esta evolución deja elementos aún más preocupantes.
Si observamos las dos categorías más grandes de ocupados (Gráfico 2), en el último trimestre móvil ha crecido el empleo asalariado mientras que el empleo independiente (o autoempleo) se ha estancado. Esto debería ser positivo porque el autoempleo tiende a ser de muy mala calidad: el 90% es informal y provee ingresos muy inferiores a los del sector formal. Esta consideración se diluye, sin embargo, si observamos que todo el crecimiento del empleo asalariado ha sido informal.
Peor aún, mientras que el empleo independiente ya se encuentra al mismo nivel que antes de la pandemia, el empleo asalariado sigue 3% por debajo. Así, la contratación laboral está muy lejos de haberse recuperado. De hecho, debido a la caída observada, habría que retroceder hasta el año 2015 para encontrar niveles de empleo asalariado similares al actual.
El recuento de empleos formales, resumido en el Gráfico 3, indica que desde el mismo trimestre anterior a la pandemia se han perdido 410,000 puestos, esto es un 17%. En contraste, tenemos 310,000 empleos informales adicionales, 12% más, lo que nos ha puesto en un nivel récord de informalidad laboral. Este resultado no solo responde al continuo crecimiento del empleo informal, sino también a la nula creación de empleo formal en la segunda mitad del año. La tendencia a la informalización del mercado laboral luego de la pandemia, lejos de moderarse, se ha acentuado.
Nótese, finalmente, los efectos de esta dinámica del empleo sobre los ingresos de los trabajadores. Como se puede observar en el Gráfico 4, los ingresos laborales entre los ocupados han caído 10 por ciento en los últimos dos años. Pero, mientras que los de los independientes han caído 21 por ciento, los de los asalariados formales han subido 2.7 por ciento. Esto significa que la productividad ha aumentado en el sector formal de la economía, al producir más con menos empleo, mientras que en el sector informal ha caído considerablemente.
Al iniciar un nuevo año, no puede menos que preocupar la situación del mercado laboral. Las proyecciones para la inversión privada y pública no son alentadoras, como lo acaba de confirmar el Ministro de Economía. Más aún, las políticas laborales del Gobierno no dejan margen a la esperanza. Ninguno de los 19 puntos de la agenda laboral del Ministerio de Trabajo se orienta a promover el empleo formal. De hecho, el empeño del Ejecutivo parece haberse abocado a promover la informalidad: en la minería, en el transporte público; además de promover los intereses de pequeños grupos dentro del mercado laboral, los que ya accedieron al pequeño club de la formalidad.
La productividad de la economía está sufriendo y, con ella, los ingresos y el bienestar de las familias. Si el Gobierno se tomase en serio lo de gobernar para el pueblo tendría que dar un viraje radical en sus políticas. En el ámbito de la política laboral, ahora como al inicio de este periodo presidencial, los puntos centrales de una agenda por el bienestar del pueblo deberían ser reformas que universalicen el acceso a la protección social y generen un marco propicio para la contratación formal y el aumento de la productividad.
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