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Reformas a Pensión 65 costarían S/755 millones adicionales por año

6 de agosto de 2022

Informe IPE – El Comercio

El pasado 28 de julio, el presidente Castillo anunció una reforma del programa social Pensión 65 que consistiría en el incremento de las transferencias y la reducción gradual de la edad mínima.

Luego de más de una década del inicio de dicho programa con la misma subvención, el aumento de las pensiones sociales resulta adecuado. No obstante, reducir la edad mínima de jubilación no considera los cambios registrados en las últimas décadas como el incremento de la capacidad productiva de la población adulta mayor. Bajo una alternativa mejor focalizada y alineada con el resto del sistema previsional, se podría aumentar la cobertura a toda la población mayor de 65 años en condición de pobreza sin comprometer demasiado las finanzas públicas.

Incremento oportuno

Una de las modificaciones propuestas a Pensión 65 consiste en aumentar la transferencia bimestral a sus beneficiarios de S/250 a S/400, la cual se ha mantenido constante desde la creación del programa en el 2011. Este incremento llega en un contexto de alta inflación, que impacta en mayor medida en los más vulnerables. En el quintil más pobre de la población en Lima Metropolitana, la inflación pasó de 4% en julio del 2021 a casi 10% al cierre de julio del 2022, según cálculos del IPE. En efecto, se estima que la capacidad adquisitiva de la subvención ofrecida por Pensión 65 se ha reducido en alrededor de 30% en la última década.

Así, el monto mensual de hoy (S/125) es equivalente a una capacidad de compra cuando el programa inició (S/175), por lo que el poder adquisitivo de estas transferencias se redujo en S/50 en la última década.

La implementación de esta iniciativa demandará alrededor de S/519 millones por año, lo cual equivale a una expansión del presupuesto de casi 40%. Con el aumento de la transferencia, los beneficiarios de Pensión 65 podrán cubrir hacia el 2023 el 46% de una canasta básica, lo cual revierte la reducción en la capacidad de compra de la última década y representaría un nivel ligeramente superior al de inicios de este programa en el 2012.

Cambios laborales

Sin embargo, el anuncio de la reducción de la edad mínima para acceder al programa no toma en cuenta la mayor capacidad productiva que ha registrado la población adulta mayor a lo largo de las últimas décadas. Prueba de ello es que la proporción de personas de 60 a 64 años que participan en el mercado de trabajo, ya sea porque tienen empleo o buscan uno, se ha incrementado en los últimos 25 años, al pasar de 71% en el cuarto trimestre de 1997 a 81% en el mismo período del 2019. Pese a que dicha tasa se redujo a 74% en el 2021 a raíz de la pandemia, este segmento de la población presenta una tasa de participación laboral similar a la de los jóvenes entre 19 y 24 años (71%).

Asimismo, las condiciones laborales de este grupo poblacional han mejorado significativamente en los últimos 17 años. El porcentaje de trabajadores de 60 a 64 años adecuadamente empleados subió de 16% en el 2004 a 45% en el 2021, alcanzando un pico de 52% en el 2019. En contraste, la tasa de empleo adecuado para la población de 65 y más años es aún de 27% al 2021. En esa línea, los salarios reales de las personas de 60 a 64 años se habían incrementado en 55% entre el 2004 y 2021: el mayor aumento según grupos de edades.
Alternativas

Los cambios a Pensión 65 deben ser abordados desde una perspectiva integral porque este programa constituye uno de los pilares del sistema previsional peruano. En ese sentido, ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas hacia la población de 60 a 64 años introduce distorsiones al sistema, desincentivando la participación laboral de un grupo etario que hoy trabaja más y obtiene mayores salarios. Además, el nivel de filtración del programa se podría fortalecer. Por ejemplo, usando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), se estima que solo el 35% de los beneficiarios de Pensión 65 se encuentran en una situación de pobreza extrema.

La reducción de la edad mínima a 60 años para acceder al programa demandaría recursos fiscales por casi S/235 millones. Con ello, todos los cambios anunciados implicarían un costo adicional de S/755 millones por año, un incremento de 61% del presupuesto de Pensión 65. Sin embargo, de manera alternativa, y con el objetivo de construir un sistema previsional más inclusivo, se podría ampliar gradualmente la cobertura del programa hacia toda la población mayor en condición de pobreza (gasto per cápita mensual menor a S/378), y no solo aquella en pobreza extrema (gasto per cápita mensual menor a S/201). Dotar de pensiones bimestrales de S/400 a toda la población pobre mayor a 65 años significaría un gasto de S/270 millones por año aproximadamente.

Ante la reciente creación de una comisión multisectorial para reformar el sistema previsional, es necesario que las medidas propuestas desde el Gobierno atraviesen un proceso más amplio de diálogo y consenso, para así dejar de plantear soluciones parciales a los problemas más profundos que actualmente impiden que más personas accedan a mejores pensiones.

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