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Columnas de opinión

Regionalización, redes viales y AEC

23. 07. 2002

23 de julio de 2002

MEF prepara propuesta para disciplina fiscal de las regiones

  • El viceministro de Economía, Fernando Zavala, informó que el MEF elabora un proyecto de ley para mantener la disciplina fiscal en las regiones, el mismo que espera concluir antes de las elecciones de noviembre. Explicó que los gobiernos regionales inicialmente sólo se financiarán con recursos del gobierno general y no podrán crear tributos, hasta una etapa posterior. Asimismo se desarrollarán todos los sistemas de interacción para avalar el financiamiento exterior de las regiones. Zavala agregó que el proceso de regionalización ha obligado a rediseñar el relanzamiento de las concesiones.
  • La Ley de Bases de la Descentralización establece en su Capítulo I, Título IX, tercera disposición complementaria, que todos los recursos provenientes de la privatización y concesión, hechas las deducciones correspondientes, se distribuirán como sigue:
    a) El treinta por ciento (30%) al Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE)
    b) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Compensación Regional (FONCOR)
    c) El veintiocho por ciento (28%) al Tesoro Público, para efectos de financiar los gastos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público
    d) El dos por ciento (2%) al Fondo de Promoción de la Inversión Privada (FOPRI).
    e) El diez por ciento (10%) al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).
    Agrega que no menos del 50% de lo contemplado en los literales a) y b) deberá destinarse al financiamiento de proyectos de inversión en beneficio de la población de la región donde se encuentra el activo privatizado o concesionado.
  • El FONCOR se constituye con todos los fondos de los proyectos de inversión de alcance regional administrados por los CTAR, los fondos de todos los proyectos de inversión pública de alcance regional de todos los sectores y los recursos provenientes de la privatización y concesión. Su distribución es proporcional entre todos los gobiernos regionales, según factores de pobreza, necesidades insatisfechas, población, etc. EL MEF aprueba los índices de distribución con la aprobación del Consejo Nacional de Descentralización.
  • El FIDE se constituye con los recursos asignados de la privatización y concesión, y tiene por función promover el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de desarrollo compartido entre los distintos niveles de gobierno. Su administración estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización.
  • Comentario IPE: Coincidimos plenamente con dos de los artículos de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N°27783) promulgada el sábado pasado. De un lado, el artículo 38.1 de la Ley que elimina la posible competencia tributaria entre los gobiernos regionales al determinar que: “El Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma tributaria y la política de descentralización fiscal, propone al Congreso para su aprobación los tributos regionales cuya recaudación y administración será de cuenta directa de los gobiernos regionales.” De otro, el inciso c del artículo 5° de la Ley que define el principio de “neutralidad en la transferencia de recursos”, con el que se evita “la transferencia de recursos sin contraparte de transferencia de responsabilidades de gasto”, uno de los factores que originaron la crisis argentina.
  • También es rescatable que en el inciso d del artículo mencionado se haya especificado que: “Los gobiernos regionales y locales sólo pueden asumir endeudamiento externo, emitir bonos y titulizar cuentas con el aval o garantía del Estado”. Creemos, sin embargo, que hubiera sido más conveniente que también se limitara la capacidad de endeudamiento interno de los gobiernos subnacionales. La experiencia brasileña, por ejemplo, demuestra que el incumplimiento del pago de la deuda interna de gobiernos subnacionales sí tuvo efecto en el riesgo soberano.
  • El inciso e del artículo 5° de la Ley, donde se listan los “Principios específicos de la descentralización fiscal”, determina que: “Se debe establecer reglas fiscales que incluyan reglas de endeudamiento y de límites de aumento anual de gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles con las reglas de transparencia y prudencia fiscal para el gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la sosteniblidad fiscal de la descentralización. El gobierno nacional no podrá reconocer deudas contraídas por los gobiernos subnacionales”. En este sentido, aplaudimos los comentarios del viceministro Zavala quien señaló que el MEF está elaborando un proyecto para mantener la disciplina fiscal en las regiones. Ojalá que tenga, a diferencia de la reforma a la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal que se está evaluando, dientes. Es decir, que incluya sanciones por incumplimiento o el monitoreo efectivo de una entidad independiente del Gobierno Central y los Gobiernos Regionales. No obstante, inclusive asumiendo que el proyecto que presente el MEF fuera sólido técnicamente, no queda claro cómo van a hacer las autoridades para institucionalizar la(s) regla(s) fiscal(es) a menos de cuatro meses de las elecciones regionales. Recordemos, por ejemplo, que este gobierno incumplió con el Informe de Ejecución y la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad que, según la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, se debió presentar al Congreso en mayo…
  • También nos parece cuestionable el uso de los recursos de los procesos de privatización y concesión, determinado en la Ley de Bases de la Descentralización. Efectivamente, creemos que si se destinara no menos del 50% del FONCOR y FIDE “en beneficio de la población de la región donde se encuentre al activo o empresa materia del proceso de privatización o concesión” (tercera Disposición Complementaria de la Ley), se podría profundizar la desigualdad de ingresos entre las regiones. Además, la Ley determina que el 28% de los recursos de privatización y concesión se usarán para financiar “los gastos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público”, con lo que deja abierta la posibilidad de seguir utilizando dichos recursos para financiar mayores sueldos y pensiones públicos. Finalmente, la Ley no determina que se destine recursos de privatización y concesión a los fondos públicos de pensiones. Recordemos, en este sentido, que el valor actuarial del déficit del Sistema Nacional de Pensiones supera largamente a la deuda externa pública y privada. Por ello, sería aún más conveniente que la Ley de Transparencia y Prudencia Fiscal apuntara a un superávit fiscal estructural que permitiera al gobierno ahorrar para atender la deuda contingente con los pensionistas. Entendemos, sin embargo, que esa opinión no la comparten los funcionarios que han estado trabajando en la reforma de la regla fiscal…

Gobierno espera dar en concesión la Red Vial N°6 antes de fin de año

  • El ministro de Transportes, Javier Reátegui, adelantó que se está considerando iniciar este año la convocatoria para las concesiones de los aeropuertos regionales. Asimismo, reveló que se estima entregar a fin de año la concesión de la Red Vial N°6, que involucra el tramo Puente Pucusana–Cerro Azul–Ica más la ruta Cañete–Lunahuaná, y que se están realizando estudios de demanda para las redes viales N°1 (Piura–Sullana–Tumbes y Sullana–Puente Macrá), N°4 (Pativilca–Huaraz–Santa y Catac–Chavín de Huantar) y N°9 (Cusco–Puno–Desaguadero), que permitirán continuar con el proceso de concesión de infraestructura vial, a partir del próximo año.
  • Comentario IPE: Es positivo que el gobierno confirme que sí otorgaría la concesión de la Red Vial N°6 este año y que, por primera vez, se anuncie públicamente algunos de los activos públicos que se transferiría al sector privado el próximo año.

Propuesta peruana para el AEC no incluiría nivel arancelario de 15%

  • Raúl Diez Canseco, ministro de Comercio Exterior, informó que nuestro país presentará a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la lista final de partidas arancelarias sin el quinto nivel arancelario de 15%, aunque no descartó negociar este nivel para productos sensibles.