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Se gastan S/2.000 millones en estabilizar precio de combustibles

4 de junio del 2022

Informe IPE – El Comercio

El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) y la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) han logrado moderar parcialmente el rápido aumento de los precios de los combustibles. Sin embargo, estas son fiscalmente insostenibles, especialmente ante la alta incertidumbre que persiste en el mercado mundial de energía.

Efecto sobre el precio

En conjunto, las medidas aplicadas por el Estado lograron mitigar parte del aumento en el precio de los combustibles. Mientras que los precios de los gasoholes de 95 y 97 octanos, sin intervención alguna, se incrementaron en promedio 13% en los últimos dos meses, los precios de los combustibles incluidos en el FEPC y exonerados del ISC desde la primera semana de abril (gasolina 84 y 90, y gasohol 84) se redujeron en 10%. Sin embargo, la magnitud y duración de dicha reducción han variado según el tipo de intervención.

Por un lado, el FEPC se caracteriza por tener un impacto más persistente. Por ejemplo, el precio del diésel ha sido el que menos ha variado en los últimos cinco meses porque ya formaba parte del fondo desde noviembre del 2021. Su precio aumentó en 7% al pasar de S/15,8 por galón durante la primera semana de enero, a S/16,9 la última semana de mayo, mientras la cotización internacional del petróleo aumentó en 50% en dicho período.

En cambio, la exoneración del ISC generó una rápida caída en el precio, aunque su efecto se ha diluido en el transcurso de las semanas. Por ejemplo, el precio del gasohol 90 –afecto a las exoneraciones, pero no incluido en el FEPC– se redujo en 3,8% durante la primera semana de la medida, para luego volver a incrementarse y superar al cierre de mayo su precio previo a la aplicación de las medidas en 4,2%.

El costo de las medidas

Mantener activos el FEPC y la exoneración del ISC es costoso. El monto destinado mensualmente a estabilizar el precio de los combustibles mediante estos dos mecanismos se ha multiplicado por 40, al pasar de S/21 millones en enero, a S/840 millones en mayo. En los últimos cinco meses, el Perú ha gastado S/2.000 millones para lograr dicho objetivo, cifra similar al presupuesto combinado de los programas sociales Juntos y Pensión 65 para el 2022. El 93% de dicho monto estuvo dirigido a mitigar el aumento en el precio del diésel, el cual representa más del 60% del consumo de combustibles líquidos en el país.

Estas medidas también tienen un costo ambiental. El FEPC y la exoneración de ciertos combustibles del pago del ISC han orientado la demanda hacia el consumo de gasolinas y gasoholes de menor octanaje, que son más contaminantes. Al respecto, el índice de nocividad de combustibles (INC) del Ministerio del Ambiente establece valores entre 1 y 36, con valores más bajos para los menos dañinos. En abril, las ventas minoristas de gasoholes y gasolinas de 84 y 90 octanos –INC de 29 y 13, respectivamente– se incrementaron 2%. Ello contrasta con la caída de 10% en la demanda de los gasoholes de 95 o más octanos (INC de 10,7), y con una reducción de 7,5% en las ventas de GLP automotriz (INC de 2,3).

Pensando en el futuro

Existe una fuerte incertidumbre respecto a cómo evolucionarán los precios de combustibles en el futuro. El 10 de mayo, la Oficina de Información Energética de Estados Unidos estimó que el precio internacional del petróleo se reduciría progresivamente durante el resto del año. Sin embargo, la cotización de mayo cerró en US$115 por barril, un máximo en más de 10 años. El aumento se debe, principalmente, al embargo parcial aplicado recientemente por la Unión Europea al petróleo ruso.

De persistir el alza de precios, las medidas no solo serían fiscalmente insostenibles, sino que perderían efectividad. Con el incremento de la cotización internacional hacia finales de mayo, también se registró una tendencia creciente en los precios de todos los combustibles. Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, recomienda virar los esfuerzos del Estado hacia transferencias directas focalizadas para proteger a los más pobres. Así, se podría maximizar la efectividad de la medida y reducir la carga fiscal, en un contexto en el que se deberían priorizar los recursos adicionales para combatir el riesgo de escasez de alimentos.

Sin embargo, cambiar de estrategia tendría un costo político. Restituir el cobro del ISC al diésel –anunciado para julio por el Ejecutivo– podría suponer un aumento abrupto de S/1,5 por galón. Removerlo del FEPC significaría otros S/3,5 adicionales aproximadamente. En conjunto, el diésel subiría a casi S/22 por galón. Por ello, resulta probable que estas medidas se mantengan, por lo menos parcialmente, ocasionando mayores pérdidas fiscales. La solución no es sencilla, pero, dada la coyuntura, se necesitan políticas focalizadas –como el vale FISE– para aliviar la pérdida de capacidad adquisitiva que afecta principalmente a los hogares más pobres.

 

 

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