Tabula rasa

26 de Julio del 2016
Roberto Abusada
El Comercio

 
Las declaraciones de los integrantes del nuevo Poder Ejecutivo que se inaugura este jueves nos han revelado el probable tono del discurso presidencial de este 28 de julio. En el mensaje, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nos transmitirá la visión de un país que debe y puede encaminarse hacia la modernidad y la justicia social. Un concepto de modernidad basado fundamentalmente en la aceleración del crecimiento y una justicia social expresada en la igualdad de oportunidades y el acceso universal a un nivel esencial de servicios básicos.

El tema del agua ocupará seguramente un lugar central. No podrá evadir, tampoco, discutir los planes que ha concebido para paliar el problema de inseguridad ciudadana. Inversión y la formalización de la economía serán sin duda temas prioritarios en su discurso.

En el logro de este último objetivo –el de formalizar la economía–, de seguro anunciará su intención de disminuir impuestos y simplificar radicalmente el cumplimiento tributario por parte de las pequeñas y medianas empresas. PPK sabe bien que construir una economía moderna con el actual nivel de informalidad es muy difícil.

La informalidad es, sin embargo, un término equívoco lleno de áreas grises. Innumerables empresas informales cumplen algunos requisitos de la formalidad, pero les es imposible cumplir muchos otros que emanan de distintas instancias de gobierno, la mayoría de ellas ajenas al ámbito tributario.

Al mismo tiempo, muchas empresas formales tienen algunas características de informalidad e, increíblemente también, en el propio Estado abundan elementos de informalidad. Más allá del tema tributario, la causa de la llamada informalidad se encuentra en la sobrerregulación.

La frondosidad de reglas por cumplir se ha tornado inaudita. Existen unas 32 mil leyes vigentes, muchas de las cuales son obsoletas o simplemente inútiles. Pero la mayor abundancia de normas se origina en las municipalidades, ministerios, entidades autónomas y otras agencias; todas ellas inconexas por la falta de la más elemental dotación informática. Esto genera una metástasis de regulaciones que sencillamente ahogan la iniciativa empresarial y fomentan la informalidad y la corrupción en todo el aparato productivo privado.

Al rastrear el origen de este desbarajuste, observamos que muchas entidades del Estado han encontrado en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444, promulgada en el 2001 por el gobierno de transición), con sus 80 páginas y 244 artículos, el fundamento para crear buena parte de sus engorrosos procedimientos. Estos exhiben una heterogeneidad insólita a través de todo el territorio y miles de entidades públicas.

También podemos identificar los combustibles que se mezclan de manera funesta para alimentar este cáncer: la corrupción y los incentivos perversos de los llamados ‘recursos directamente recaudados’, un eufemismo que describe el proceso mediante el cual una entidad crea un trámite innecesario para cobrar por él.

No pasará mucho tiempo después de iniciado el gobierno para que el presidente y muchos de sus ministros descubran que el timón con el que pensaban dirigir la nación ha sido desconectado de las ruedas del Estado.

Para enfrentar este grave problema que afecta la conducción del buen gobierno, no caben parches ni remiendos. Los paliativos solo encontrarán la oposición virulenta de gran parte de los mismos agentes del Estado que se alimentan del actual sistema.

Poner al carro regulatorio en retroceso sobre sus propios rieles sería también tarea inútil. La única solución posible es hacer tabla rasa de todo el sistema y dictar nuevas normas. Una nación no puede progresar bajo un sistema de reglas como el actual. Ciertamente no será tarea fácil, pero en la consecución de ese logro restaurador vale escuchar el aliento de gente sabia que tiempo atrás ya reparó en este problema.

Cuando René Descartes enumeraba sus cuatro simples principios para ordenar su propio pensamiento observó que “…la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas”. Albert Einstein, hablando de leyes incumplibles como las que queremos aplicar a nuestros ‘informales’, anotó: “Nada es más destructivo de un gobierno y las leyes de una nación que aprobar leyes que no se pueden hacer cumplir”. Y el profesor del MIT Rudiger Dornbusch solía repetir que aquello que diferencia a los países que progresan de aquellos que permanecen en el atraso es que en los primeros existen pocas reglas simples de cumplimiento estricto, mientras que los segundos se rigen por una multitud de complicadas reglas de cumplimiento flexible.
 
2016-07-26 – Tabula Rasa – Roberto Abusada – El Comercio

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