Una Constitución no es algo que se deba cambiar con frecuencia. Es la base legal sobre la cual se sustenta todo el sistema democrático.
Al elegir autoridades, les estamos dando la facultad de nombrar a los principales responsables de manejar su abundante presupuesto
Inversión pública subnacional representó 2.6% del PBI en los últimos 12 meses a junio del 2022, lo que refleja un retroceso respecto del 2013.
Mientras que en el mundo los informes de Idea Internacional y V-Dem Institute entre otros, se refieren a procesos de erosión de la democracia y un incremento de regímenes que se tornan en autoritarios o dejan de ser democráticos, en el Perú se agrava (una vez más) la crisis política y con ello crece la incertidumbre que ralentiza o paraliza al sector privado y público, afectando la gobernanza. Si ensayamos una línea de tiempo, las crisis políticas se han hecho más frecuentes.
La agenda maximalista inicial de Perú Libre, plagada de controles de precios, nacionalizaciones, sustituciones de importaciones y demás necedades, habría cedido al peso de la realidad y del control político para apocarse en pedidos de facultades legislativas descaminados, nombramientos que discurren entre lo intrascendente y lo pésimo, y guiños populistas al por mayor. La tragedia boliviariana, por ahora, no es un escenario realista de corto plazo.
Diego Macera, gerente general del IPE, sostuvo que cambiar la Constitución sería modificar las reglas de juego de la economía.
Al margen de quién ocupe la presidencia, la llamada de atención de la mitad del Perú sobre estos tres temas no puede sonar ya más claro ni más fuerte.
En entrevista con Trome, Diego Macera, gerente general del IPE, analiza los planes de gobierno y propuestas de los candidatos.
Las elecciones actuales han sido precedidas por la mayor contracción de la economía y el peor deterioro de las finanzas públicas de los últimos 30 años.
En entrevista con Exitosa, Diego Macera, gerente general del IPE, analiza algunas propuestas de los candidatos.