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Una ley que perpetua la vulnerabilidad y círculos de violencia de niñas y niños del Perú

7 de octubre de 2022
Marilú Martens

Generan gran preocupación las declaraciones del presidente Castillo en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación realizada en Nueva York el pasado 17 de septiembre. ¿Qué dijo el mandatario? Pues ratificó que su Gobierno busca un nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, para cuyo desarrollo se estarían realizando consultas populares. En palabras del presidente, el objetivo es contar con una herramienta actualizada para “desarrollar aprendizajes en un marco de valores que promuevan ciudadanía con respeto a derechos humanos, medio ambiente y diversidad”1.

Desconcertante, por lo menos, si consideramos que el actual currículo (implementado en 2017) ya contempla esos mismos valores en tres de sus enfoques transversales. Como sabemos, el Currículo Nacional de la Educación Básica estipula los 7 enfoques transversales y las 31 competencias que permitirán conseguir el perfil idóneo de los estudiantes egresados de la educación básica. Se trata de un documento que articula todas las políticas e iniciativas del sector Educación2. Además, según la Ley General de Educación (Ley 28044), “el proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la comunidad educativa y otros actores de la sociedad”3. Siguiendo este precepto, para la elaboración del currículo vigente el Ministerio de Educación promovió un proceso de consulta amplia a nivel nacional, con actores de sectores públicos y de la sociedad civil (docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales, e incluso estudiantes), además de haber recogido los avances del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA). Por ello, resulta redundante esta nueva iniciativa de consulta popular planteada por el Gobierno.

Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado. Hasta hace unos meses, la Ley indicaba que el Ministerio de Educación era responsable de diseñar los currículos nacionales. Sin embargo, el pasado 23 de junio, la nueva Ley 31498 aprobada por el Congreso de la República modificó la Ley General de Educación y desconoció la rectoría del Ministerio de Educación, volviendo obligatorio que los padres de familia sean los responsables de aprobar los materiales educativos, bajo la excusa de mejorar “la calidad de materiales y recursos educativos”4.

Lo comenté anteriormente: esta ley ha sido impulsada por grupos que pretenden frenar la reforma educativa y la incorporación del enfoque de igualdad de género (enfoque 4 del vigente currículo), privando a las y los estudiantes de su derecho a recibir educación sexual integral (ESI) porque consideran que va en contra del respeto a la libertad de las convicciones morales5.

Frente a esta medida, cabe recordar que en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el fallo de la Corte Suprema del Poder Judicial del Perú a favor de la inclusión de este enfoque en el currículo nacional, ya que reiteraba “la importancia del rol de la educación en la erradicación de la violencia contra las mujeres”6. Aquí, la educación sexual integral es la única forma de que una menor de edad aprenda que no debe aceptar este tipo de agresiones y sepa cómo enfrentarlas. Negarles esta contraparte educativa es perpetuar su vulnerabilidad y los círculos de violencia.

Es cierto; por ley, el Currículo Nacional de Educación Básica “está abierto a enriquecerse permanentemente” y debe pasar por una revisión cada 5 años. No obstante, lo que aquí se está pretendiendo es diseñar íntegramente un nuevo currículo que, en tándem con la reciente Ley 31498, elimine por completo el enfoque de género y la ESI. Y, no solo eso, el condicionamiento del currículo al consentimiento previo de los padres de familia marca un peligroso precedente para todas las políticas públicas de aquí en adelante, pues institucionaliza un derecho a veto por parte de grupos sesgados por creencias conservadoras y prejuicios.

Si acaso nos equivocamos y la intención de esta nueva consulta popular es otra, haría falta que el presidente Castillo lo esclarezca. Hasta el momento, la vaguedad de sus palabras solo nos confirma que el Gobierno ha decidido ceder ante las presiones de quienes se oponen a una educación integral y acorde con la realidad de las niñas, niños y adolescentes peruanos, poniendo en riesgo su formación e, incluso, sus vidas.

Notas al pie:

1 https://peru21.pe/politica/pedro-castillo-la-fenatep-es-la-que-busca-cambiar-el-curriculo-segun-el-exministro-juan-cadillo-minedu-curriculo-escolar-noticia/
2 http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4551
3 http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
4 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-impulsa-la-calidad-de-los-materiales-y-recursos-educ-ley-n-31498-2080217-1/
5 https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/el-proyecto-de-ley-que-golpea-la-reforma-educativa-por-marilu-martens-noticia/
6 https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7325

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COMENTARIOS

  1. De acuerdo pero precisaría de un proyecto nacional de corto plazo 5años, de mediano plazo 50años para que se co textualice y pueda evaluarse cada etapa y se cortija o se csmbie según sus resultados según la necesidad.

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