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Prensa

IPE: Existe gran riesgo de perder miles de empleos en sector construcción

18. 02. 2018

18 de febrero del 2018
Correo

 
Norma que reemplazará al D.U. 003 busca asegurar pago de reparación civil a empresas investigadas, agrega el Instituto Peruano de Economía (IPE)
 
Para el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, es urgente que el Congreso de la República apruebe una norma que permita seguir con los proyectos de inversión que ejecutaban las constructoras investigadas por casos de corrupción.

Ello porque se corre el riesgo de que se pierdan miles de empleos en construcción civil y de que la producción nacional (Producto Bruto Interno o PBI) crezca un punto menos; y, por lo tanto, la opción de generar nuevos empleos se aleje del panorama peruano.

“Se paralizaría buena parte de las obras de reconstrucción del norte del país (colegios, postas, puentes, carreteras, etc.) y decenas de obras y asociaciones público-privadas (APP) podrían dejar de funcionar”, agregó.

PARALIZACIÓN
Explicó que la norma que actualmente discute el Parlamento, para reemplazar al Decreto de Urgencia 003, debe regular cómo se crea el fondo de garantía y qué porcentaje de las utilidades (de esas empresas) van a depositar para asegurar el pago de la reparación civil.

“Además, deberá establecer (la nueva norma) en qué condiciones podrán seguir funcionando y contratando (las empresas investigadas) con el Estado”, precisó.

Macera refirió a Correo que no se debe permitir que se repita lo que están pasando las 169 empresas proveedoras de Odebrecht (compañía vinculada con actos de corrupción), que por falta de pago quebraron y dejaron sin empleo a miles de personas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el proyecto de ley que sustituirá al D.U. 003, en el marco del caso “Lava Jato”, para asegurar la reparación civil y la reactivación de la economía.

Se sabe que el Congreso se tomará su tiempo y recién en marzo prevé debatirlo.

El documento, denominado “Proyecto de ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”, se presentó el pasado 7 de febrero.

Sobre el D.U. 003, el MEF señaló que cumplió con dos objetivos. El primero es evitar que las empresas ligadas a delitos de corrupción transfieran recursos al exterior y no paguen la reparación civil. El segundo es retener pagos del Estado.

Al respecto, el contralor Nelson Shack, en su presentación ante el Congreso, dijo que el D.U. 003 no tuvo la efectividad que se esperaba porque solo evitó que se transfieran al exterior $5 millones, mientras que el Estado solo recibió S/21.4 millones, sumas que considera muy bajas.

El MEF admite que el D.U. 003 no permitió garantizar totalmente la continuidad de los proyectos ni evitar la ruptura de la cadena de pagos.

Además, según señaló, peligran S/30,000 millones en inversiones por ejecutarse, lo que equivale a todo el presupuesto de inversiones de 2018.

El MEF advierte que las empresas involucradas mantienen S/11 mil millones en deudas en el sistema financiero, lo que equivale al 4.3% del saldo de los créditos.

Agrega que solo considerando a las nueve empresas más grandes involucradas, el caso Odebrecht está asociado a más de 53 mil empleos formales e implica deudas por S/1000 millones.

DEMORA
El Congreso recién verá en marzo el proyecto de ley que podría acelerar la inversión y ejecución de proyectos en el país.
 
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